MINERÍA EN REPÚBLICA DOMINICANA
La actividad minera en República Dominicana no se rige por una sola norma, sino por un entramado que combina la Constitución, una ley de más de cinco décadas y varios reglamentos técnicos. Entender ese marco es el primer paso para cualquier empresa —nacional o extranjera— que evalúe invertir en el sector.
La base constitucional está en los artículos 14 y 17 de la Constitución de 2015. El primero declara que los recursos naturales no renovables son patrimonio de la Nación; el segundo aclara que los particulares solo pueden aprovecharlos mediante concesiones, licencias o contratos otorgados conforme a la ley, y siempre bajo criterios de sostenibilidad ambiental. La misma Constitución exige que los beneficios que reciba el Estado por esta explotación se destinen al desarrollo nacional y local, priorizando a las provincias donde se encuentran los yacimientos.
Sobre esa base se apoya la Ley Minera No. 146-71, vigente desde hace más de 50 años y modificada por la Ley 79-03. Esta norma —desarrollada en detalle por el Reglamento No. 207-98— define los tipos de concesión minera, el procedimiento para obtenerlas, los derechos y obligaciones de los concesionarios, y el régimen fiscal y sancionador aplicable. Se complementa con la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 123-71 sobre materiales de la corteza terrestre.
Ese marco, sin embargo, está cambiando. El Ministerio de Energía y Minas confirmó que trabaja en un anteproyecto de reforma integral a la Ley 146-71, actualmente en revisión por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Entre las novedades destacan la creación de un catastro minero electrónico, la actualización de las regulaciones para minería subterránea y cambios que agilizarían las evaluaciones de impacto ambiental. El objetivo declarado por las autoridades es convertir la norma en un referente de buenas prácticas de gestión de la industria extractiva, en línea con alianzas estratégicas que el país ha fortalecido con Canadá y otros socios internacionales.
Para cualquier inversionista, el mensaje es claro: el régimen legal dominicano lleva medio siglo prácticamente sin cambios, pero eso está a punto de terminar. Quienes estructuren sus proyectos ahora deben anticipar cómo la reforma podría modificar plazos, obligaciones ambientales y el proceso mismo de concesión.
¿Te interesa este tipo de contenido?
Síguenos en nuestras redes sociales para más información legal práctica.
Instagram: https://www.instagram.com/santanaripolldr/
Facebook: https://www.facebook.com/santanaripoll?locale=es_LA