Cuando se habla del impacto económico de la minería en República Dominicana, casi siempre se habla, en realidad, de un solo proyecto:
La mina Pueblo Viejo, operada por Barrick en la provincia Sánchez Ramírez.
Esta operación a cielo abierto representa más del 95% de toda la producción minera del país, lo que la convierte en el mejor caso de estudio disponible sobre lo que significa —en cifras concretas— tener una operación minera de clase mundial en territorio dominicano.
Los números recientes son elocuentes. En 2025, Pueblo Viejo produjo 632,000 onzas de oro, equivalentes a un 11% de toda la producción global de Barrick ese año. Sus exportaciones de oro lideraron las exportaciones nacionales dominicanas, con un crecimiento interanual de 50.5%. En materia fiscal, la empresa reportó pagos por más de US$649 millones en impuestos durante 2025 —un incremento de más de US$431 millones respecto a 2024— y para 2026 ya acumulaba US$440 millones en pagos tributarios. Desde el inicio de sus operaciones comerciales en 2013, la mina ha aportado más de US$2,600 millones en impuestos al Estado dominicano.
Estas cifras no son solo relevantes para Barrick:
son la referencia obligada para entender qué puede esperar razonablemente el Estado dominicano —y qué debe planificar un inversionista— de un proyecto minero de esta escala. La compañía ha avanzado además en un proyecto de expansión de planta y una nueva instalación de almacenamiento de relaves, diseñado para extender la vida útil de la mina más allá de 2040 y mantener una producción superior a las 800,000 onzas anuales.
El caso Pueblo Viejo también ilustra un punto legal importante: este tipo de proyecto opera bajo un contrato complementario entre el Estado dominicano y la empresa concesionaria, sujeto a aprobación del Congreso Nacional, además del régimen general de la Ley 146-71. Para cualquier empresa que evalúe entrar al sector minero dominicano —ya sea en oro, ferroníquel o los minerales críticos que se exploran en Pedernales—, Pueblo Viejo ofrece el punto de referencia más completo sobre plazos, obligaciones fiscales y la relación a largo plazo con el Estado que exige este tipo de inversión.
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