La nueva Ley de Alquileres en la República Dominicana: Un Equilibrio Necesario
La reciente aprobación de la Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios en la República Dominicana representa una transformación esencial tras casi siete décadas de regulación anticuada. Su objetivo central es modernizar el marco legal, garantizar seguridad jurídica y equilibrar los intereses tanto de propietarios como de inquilinos.
Entre sus principales disposiciones destacan:
•Límite al reajuste de precios: el aumento debe pactarse entre las partes; en caso de desacuerdo, no puede superar el 10 % en contratos de vivienda.
•Depósito máximo de dos meses de renta.
•Conflictos sobre garantías son resueltos en juzgados de paz.
•El propietario debe encargarse del mantenimiento, el inquilino notificar los desperfectos.
•Obligación de respetar contratos tras un cambio de propietario.
•Plazo máximo de 30 días calendario para sentencia en casos de alquiler y desahucio.
•Sanciones por desalojos ilegales de conformidad con la Ley 396‑19.
•Formalización y registro de contratos, creación de jurisdicción especializada, penalización del desalojo sin orden y prohibición de discriminación.
Ventajas
•Para el propietario: mayor seguridad jurídica y procedimientos claros para desahucios. El límite en depósitos reduce riesgos de abusos.
•Para el inquilino: protección frente a desalojos arbitrarios, contratos formales y registro, derechos reforzados y normas contra discriminación.
Desventajas
•Para el propietario: posibilidad de sufrir sanciones severas —incluso penas de prisión en casos de desalojo fuera del marco legal—, lo cual puede ser excesivo y genera inseguridad . Así mismo, la ausencia de incentivos fiscales o mecanismos compensatorios despierta reticencias para formalizar contratos.
•Para el inquilino: aunque recibe mayor protección, algunos aspectos burocráticos —como la formalización obligatoria y plazos rígidos— podrían dificultar el acceso en zonas informales o de alta demanda.
Conclusión: La nueva ley marca un hito necesario que actualiza el sistema de alquileres dominicano, ofreciendo protección legal, orden y equidad. No obstante, su éxito dependerá de una reglamentación eficaz, institucionalidad clara y un enfoque pragmático que evite excesiva burocracia. Solo así podrá consolidarse un mercado de alquiler más justo, transparente y funcional, equilibrando el derecho a la vivienda con el respeto a la propiedad privada.
Virgilio Santana Ripoll