Author: Virgilio Santana Ripoll

Entidades financieras con capital extranjero en la República Dominicana

Financial entities with foreign capital in the Dominican Republic.

Financial entities with foreign capital in the Dominican Republic.

In the Dominican Republic there are currently (as of 7/02/22) 48 financial intermediation entities, regularized in accordance with the guidelines of the Monetary Board of the Dominican Republic, of which 11 of these have a significant or total foreign shareholding.
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Entidades financieras con capital extranjero en la República Dominicana

Entidades financieras con capital extranjero en la República Dominicana.

Entidades financieras con capital extranjero en la República Dominicana.

En la República Dominicana existen actualmente (al 7/02/22) 48 entidades de intermediación financiera, regularizadas conforme a los lineamientos de la junta monetaria de la Republica Dominicana, de las cuales, 11 de estas tienen una participación accionaria extranjera significativa o total. Continue reading “Entidades financieras con capital extranjero en la República Dominicana.”

Las Declaraciones Juradas de los Funcionarios Públicos Web

Las Declaraciones Juradas de los Funcionarios Públicos

Declaraciones Juradas de los Funcionarios Públicos

Las declaraciones juradas de bienes es una declaración hecha por una persona de manera unilateral, donde esta persona muestra todos los bienes que posee en su patrimonio, estableciendo cuáles son sus haberes, así como también sus deudas.

Esta tiene su primer fundamento en el artículo 146.3 de la Constitución dominicana, que la establece como obligatoria para “los funcionarios públicos (…) antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente.” La esencia de este artículo es evitar actos de corrupción de parte de los funcionarios públicos.

Del texto se deriva que la obligación de presentar la declaración no se limita al momento de asumir o de dejar un cargo público. También se impone a requerimiento de autoridad competente, en cualquier momento durante el desempeño del cargo.

A fin de adaptar la legislación sobre la materia a los estándares de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la Constitución de 2010, en el año 2014 fue aprobada y promulgada la Ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio, que derogó la antigua Ley 82 de 1979.

El artículo 14 de la Ley 311-14 establece como sanción, a quienes omiten realizar su declaración dentro del plazo previsto (30 días), la misma que corresponde a la comisión de faltas graves o de tercer grado, prevista en la Ley de Función Pública.

¿Cuál es la sanción prevista por la Ley de Función Pública por la comisión de faltas de tercer grado? Según su artículo 81.3 ese tipo de faltas “dará lugar a la destitución del servicio.” Por el uso de la forma imperativa del verbo dar, la destitución no es facultativa: se impone

El mismo artículo 14 de la Ley 311-14 prevé idéntica sanción al funcionario que, haciendo su declaración, “omitiere declarar algún bien”. Por tanto, omitir declarar, o declarar omitiendo, conllevan la misma sanción de destitución.

Una sanción mayor prevé la Ley 311-14 para los casos de “delito de falseamiento de datos”. En su artículo 15 establece que quien falseare las declaraciones “será sancionado con prisión de uno a dos años y multa de veinte a cuarenta salarios mínimos del Gobierno Central.”

Como se observa, mientras la omisión de declarar, o la declaración con omisiones, tipifican una falta administrativa que se sanciona con destitución, falsear información que según la Ley debe contener la declaración es un delito que se sanciona con privación de libertad y multa.

Otro aspecto importante contenido en la Ley el relativo a la “prueba del origen del patrimonio”.

Desarrollando el contenido del artículo 146.3 constitucional, el artículo 16 de la Ley obliga al funcionario a probar “el origen lícito de su patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo en el momento que le sea requerido por la autoridad competente.”

Importa señalar que la carga de la prueba impuesta al funcionario sobre el origen de su patrimonio, solo opera respecto de los bienes que obtiene durante el ejercicio de su cargo. Los obtenidos con anterioridad, se presumen bienes lícitos hasta prueba en contrario.

La diferencia en la carga de la prueba sobre el origen del patrimonio, dependiendo de si se obtiene durante o con anterioridad al cargo, se explica por el fuerte impacto negativo que para la sociedad en su conjunto tiene el inadecuado manejo del patrimonio público.

En los casos en que el origen lícito del patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo no pueda ser probado, el párrafo del artículo 16 faculta a la autoridad competente para “accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados.”

La Ley también contempla los casos de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Su artículo 18 prevé sanciones de cuatro a diez años de prisión mayor, multa equivalente al duplo del monto del incremento, e inhabilitación para ocupar cargos públicos por diez años.

El cómputo de los 10 años de inhabilitación para desempeñar funciones públicas inicia a partir del término de la sanción privativa de libertad impuesta. Es decir, el plazo queda suspendido mientras no se cumpla la sanción de prisión que se haya impuesto.

Declaraciones Juradas

Virgilio Santana Ripoll

Sworn Declaration of patrimony from Public Officials

Sworn Declaration of patrimony from Public Officials

Sworn Declaration of patrimony from Public Officials

The sworn declaration of patrimony assets has its first foundation in article 146.3 of the Dominican Constitution, which establishes it as mandatory for “public officials (…) before and after having completed their functions or at the request of the competent authority.” Continue reading “Sworn Declaration of patrimony from Public Officials”

Commercial Arbitration in the Dominican Republic

Commercial Arbitration in the Dominican Republic

ABOUT COMMERCIAL ARBITRATION

Commercial Arbitration is a procedure by which a dispute or controversy between two or more parties is known and submitted to the decision of a body constituted outside the ordinary courts.

Arbitration, as an alternative to dispute resolution, “constitutes a real alternative to prevent and adequately, quickly and definitively solve conflicts that arise in national and international trade transactions,” indicates Law 479-08 on commercial arbitration. Continue reading “Commercial Arbitration in the Dominican Republic”

Arbitraje Comercial en República Dominicana

Arbitraje Comercial en República Dominicana

SOBRE EL ARBITRAJE COMERCIAL

Arbitraje Comercial es un procedimiento mediante el cual una disputa o controversia entre dos o más partes se conoce y somete a la decisión de un órgano constituido fuera de los tribunales ordinarios.

El arbitraje, como alternativa de resolución de disputas, “constituye una alternativa real para prevenir y solucionar de manera adecuada, rápida y definitiva los conflictos que se susciten en las transacciones de comercio nacional e internacional”, indica la Ley 479-08 sobre arbitraje comercial. Continue reading “Arbitraje Comercial en República Dominicana”

Impacto y Consecuencia Jurídicas del Covid-19 en el sistema Judicial Dominicano

Impacto y Consecuencia Jurídicas del Covid-19 en el sistema Judicial Dominicano

La justicia es uno de los servicios más importantes del Estado. Sin embargo, la mayor parte de estos servicios ha sido suspendido durante el confinamiento a raíz del estado de emergencia provocado por la pandemia. En muchos países de la región, transcurrieron más de 60 días sin servicios judiciales, en nuestro país, República Dominicana, por más de 90 días, en los cuales solo se mantuvieron operativos algunos juzgados, de manera virtual, para atender asuntos penales, adolescentes infractores, violencia intrafamiliar, temas penitenciarios y algunos casos de carácter constitucional (habeas corpus). Continue reading “Impacto y Consecuencia Jurídicas del Covid-19 en el sistema Judicial Dominicano”